Jueces y policías investigados en Tamaulipas: los casos que sacuden a las instituciones
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Jueces investigados por presuntas irregularidades, resoluciones que han generado inconformidad y policías señalados por homicidios, abusos de autoridad y alteración de escenas del crimen. En Tamaulipas, quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley también han terminado bajo investigación.
Los expedientes abarcan desde una jueza civil señalada por presuntamente favorecer a una de las partes en una disputa por una camioneta, hasta decisiones judiciales cuestionadas en casos de violencia contra las mujeres.
También incluyen a exintegrantes de corporaciones policiales relacionados con las masacres de Camargo y Nuevo Laredo. A ellos se suman agentes investigados por homicidios y servidores públicos bajo sospecha por hechos que costaron la vida a elementos de la Guardia Estatal.
Al menos cuatro jueces enfrentan investigaciones disciplinarias en Tamaulipas. En el ámbito policial, las detenciones y procesos penales han reabierto expedientes de graves violaciones a los derechos humanos.
Los casos exhiben los mecanismos de responsabilidad que deben operar dentro de las instituciones. También plantean interrogantes sobre la vigilancia, las sanciones y la rendición de cuentas de quienes ejercen funciones públicas.
Jueces bajo investigación: más de 300 determinaciones disciplinarias
Al menos cuatro jueces son investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial. Así lo informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López.
Uno de los casos corresponde a Mónica Liliana Pérez Chapa. La juzgadora fue separada del cargo tras imponer una multa de 1.2 millones de pesos a una abogada.
No fue la única inconformidad contra su actuación. Otro abogado también había presentado una queja por el mismo procedimiento.
Existen otros expedientes contra juzgadores que permanecen bajo investigación. Su situación dependerá de las resoluciones que emita el órgano disciplinario.
Contreras López explicó que las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta multas y separación del cargo. La medida depende de la gravedad de las conductas acreditadas.
“Tenemos servidores públicos que han sido sancionados, desde una amonestación hasta multas, que son básicamente por actividades administrativas”, declaró.
Durante su primer año de funcionamiento, el Tribunal de Disciplina Judicial reportó más de 300 determinaciones sobre posibles irregularidades del personal judicial.
Sin embargo, aproximadamente dos de cada diez asuntos revisados derivaron en alguna sanción. El 80 por ciento restante fue considerado infundado.
La magistrada explicó que las quejas se revisan mediante auditorías a los expedientes. El objetivo es detectar posibles anomalías en las actuaciones de quienes participaron en los procedimientos.
La camioneta Jeep y el notario bajo señalamientos
Uno de los asuntos bajo revisión involucra a una jueza civil de Ciudad Victoria. La funcionaria es señalada por presuntamente favorecer a una de las partes en una disputa patrimonial.
La denunciante es Mayela de Jesús Carranco Narváez. La mujer sostiene que una camioneta Jeep Wagoneer de su propiedad fue retirada de una agencia automotriz mediante un procedimiento irregular.
Su inconformidad se centra en un endoso que aparece en la factura del vehículo. Asegura que la firma atribuida a ella no es auténtica.
Por este asunto presentó una queja contra una jueza identificada como Liliana “P”. También señaló a un secretario de acuerdos y al notario público Claudio “D”.
El caso llegó al Tribunal de Disciplina Judicial. Tania Contreras confirmó que existe una queja formal y que se realiza una auditoría al expediente.
La revisión busca determinar si hubo irregularidades en las actuaciones judiciales. También deberá esclarecerse la intervención del fedatario público en la documentación sobre la propiedad del vehículo.
El caso se suma a otras denuncias contra notarios. En agosto pasado, Contreras López informó que alrededor de 12 denuncias civiles y penales estaban judicializadas y en proceso de integración.
Los señalamientos se relacionan principalmente con presuntas modificaciones patrimoniales sin consentimiento de los propietarios. Los casos se concentran en Reynosa y la zona sur del estado.
Caso Melanie: una resolución judicial cuestionada
Otro expediente que generó cuestionamientos sobre las decisiones judiciales es el de Melanie Barragán.
La joven fue agredida durante una fiesta de Halloween en Ciudad Madero, el 31 de octubre de 2024. Su entonces pareja, Christian de Jesús “R”, enfrenta una acusación por tentativa de feminicidio.
El imputado permaneció en prisión preventiva justificada desde su detención, ocurrida en diciembre de ese año.
Sin embargo, el 22 de octubre de 2026, la jueza Luz del Carmen Lee Luna autorizó modificar la medida cautelar. Con ello, Christian continuaría su proceso bajo resguardo domiciliario.
El Ministerio Público se opuso a la modificación. Argumentó que persistían riesgos para la seguridad de Melanie y la posibilidad de que el acusado obstaculizara el procedimiento.
La defensa propuso establecer vigilancia a cargo de familiares. También planteó instalar cámaras de seguridad en el domicilio.
La jueza autorizó el cambio de medida cautelar. Christian salió del penal de Altamira y quedó sujeto a las condiciones establecidas para continuar su proceso fuera de prisión.
La resolución volvió a colocar bajo escrutinio la actuación de los impartidores de justicia. El caso mantiene la atención pública por la gravedad de los hechos denunciados.
Cuando los jueces también enfrentan sanciones penales
Los cuestionamientos al desempeño judicial también tienen antecedentes en el ámbito federal.
Uno de los casos es el del exjuez Juan Fernando Alvarado López. El Tribunal de Disciplina Judicial lo inhabilitó durante un año por faltas graves en resoluciones de amparo relacionadas con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La queja fue presentada en abril de 2024 por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna. En ese momento, el recurso fue turnado al entonces Consejo de la Judicatura Federal.
El Tribunal determinó que el juzgador emitió resoluciones contrarias al marco legal. También estableció que omitió considerar constancias esenciales de los expedientes.
Entre los señalamientos figuraron suspensiones que favorecieron al exmandatario tamaulipeco. Estas resoluciones estaban relacionadas con una orden de aprehensión y sus derechos político-electorales.
En mayo de 2026, Alvarado López fue vinculado a proceso penal por el delito contra la administración de justicia. El procedimiento quedó radicado en la causa 45/2026, en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa.
El exjuez enfrentaría ese proceso en libertad.
Otro juzgador federal cuestionado fue Faustino Gutiérrez Pérez. Entre sus resoluciones figuraron amparos y suspensiones relacionados con Cabeza de Vaca.
Uno de ellos permitió mantener el servicio de escoltas del exgobernador. Sin embargo, en abril de 2025, un Tribunal Colegiado revocó esa resolución y negó la protección solicitada.
Las sanciones que establece la ley para los jueces
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial.
Este órgano debe investigar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa. Su competencia incluye las presuntas faltas cometidas por servidores públicos judiciales.
Las sanciones contempladas incluyen amonestaciones privadas o públicas. También pueden imponerse suspensiones temporales, destitución, sanciones económicas e inhabilitación.
La legislación distingue entre faltas graves y no graves.
Para las no graves contempla suspensiones de uno a 30 días. También establece inhabilitaciones de tres meses hasta un año.
En las faltas graves pueden imponerse suspensiones de 30 a 90 días. Las sanciones también incluyen destitución, multas e inhabilitación.
Cuando los hechos investigados pudieran constituir un delito, el Tribunal puede dar vista al Ministerio Público. Esto permite iniciar las investigaciones penales correspondientes.
Notarios: de las quejas a la pérdida del fíat
Los notarios públicos también están sujetos a responsabilidades por el ejercicio de la fe pública.
La Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas establece distintas sanciones. El artículo 133 contempla amonestaciones por escrito, multas, suspensión y separación definitiva.
La cancelación del fíat puede proceder por falta de probidad. También por delitos de falsedad o patrimoniales acreditados mediante sentencia ejecutoriada.
La legislación contempla además la simulación de actos jurídicos y las faltas graves en el ejercicio de la función notarial.
Policías que terminan frente a la justicia
En el ámbito de seguridad pública, dos detenciones realizadas el 26 de octubre reabrieron expedientes relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, y Edith “N”. Ambas fueron integrantes de corporaciones policiales estatales durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Las dos son señaladas por su probable participación en casos de homicidios múltiples.
Berenice “N” fue detenida en la colonia Albañiles de Altamira. Su captura está relacionada con la masacre de 19 personas ocurrida en Camargo, el 22 de enero de 2021.
Entre las víctimas había 16 ciudadanos guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos. Sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta calcinada en el ejido Santa Anita.
Las investigaciones establecieron que policías estatales persiguieron a las víctimas. Posteriormente fueron asesinadas e incineradas.
En septiembre de 2023, once expolicías recibieron sentencias de 50 años de prisión. Otro exagente fue condenado a 19 años por delitos relacionados con el caso.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que todavía buscan a otros 12 exoficiales.
La detención de Berenice “N” se suma a las acciones para llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en la masacre.
Valles de Anáhuac: ocho víctimas y un supuesto enfrentamiento
La segunda detención fue la de Edith “N”, realizada en la zona centro de Tampico.
La exagente es señalada por homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes. También enfrenta señalamientos por allanamiento de morada.
Su caso está relacionado con la muerte de ocho personas. Se trata de cinco hombres y tres mujeres asesinados el 5 de septiembre de 2019.
Los hechos ocurrieron en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.
Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública presentó el caso como un enfrentamiento. Según esa versión, policías estatales se enfrentaron con presuntos integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntaron a una posible manipulación de la escena.
Agentes del entonces Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) habrían colocado casquillos y modificado las condiciones del lugar. El objetivo habría sido simular un enfrentamiento.
En 2019 se libraron órdenes de aprehensión contra siete agentes identificados en la investigación.
Dos fueron detenidos y posteriormente liberados. Otros tres colaboraron con las autoridades mediante un criterio de oportunidad.
Los dos restantes permanecieron prófugos. La detención de Edith “N” representa un avance en la búsqueda de quienes todavía debían responder ante la justicia.
Caso Camargo: hasta policías procesales fueron investigados
La masacre de Camargo también tuvo consecuencias dentro de las propias instituciones de seguridad.
En marzo de 2026 fue detenido José Arturo “N”, alias “Baltazar”. El exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) fue vinculado a proceso por homicidio calificado y abuso de autoridad.
También enfrenta acusaciones por delitos cometidos en el desempeño de funciones.
El 3 de abril logró fugarse del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria. Por estos hechos, dos elementos de la Policía Procesal fueron vinculados a proceso.
La Fiscalía investigó su presunta responsabilidad por facilitar la evasión.
Tras la fuga, se ofreció una recompensa de hasta 300 mil pesos para localizar al exagente.
Posteriormente fue recapturado en el ejido Santa Engracia, municipio de Hidalgo. Al momento de su detención, se encontraba involucrado con un grupo delictivo.
Policías muertos y sospechas dentro de la corporación
Las investigaciones sobre posibles responsabilidades policiales también alcanzan hechos donde las víctimas fueron integrantes de la propia corporación.
El 5 de mayo de 2026, dos elementos de la Guardia Estatal murieron durante una emboscada en Reynosa.
Las víctimas fueron Vicente Toledo Ruiz y Marco Tulio Pizaña Torres. Un tercer agente resultó gravemente herido.
El ataque ocurrió en la colonia Valle Soleado, sobre la carretera Reynosa-San Fernando.
Los elementos realizaban labores de vigilancia carretera cuando reportaron disparos desde un vehículo y solicitaron apoyo.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que una de las líneas de investigación contemplaba posibles responsabilidades u omisiones de servidores públicos de Seguridad Pública.
“No se puede descartar la intervención de terceros”, declaró.
El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, rechazó esa posibilidad como explicación del ataque. Sostuvo que fue perpetrado por integrantes del crimen organizado.
También aseguró que la dependencia colaboraría con las investigaciones.
Un agente de la Guardia Estatal, vinculado por homicidio
Otro expediente involucra a Jonathan “N”, elemento de la Guardia Estatal vinculado a proceso por homicidio calificado.
También enfrenta acusaciones por abuso de autoridad, falsedad de informes y delitos cometidos en el desempeño de funciones.
Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2025 en la zona centro de Ocampo. En ese lugar una persona perdió la vida por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con la Fiscalía, después del homicidio se habrían alterado indicios en la escena.
Además, el agente presuntamente proporcionó información falsa mediante el Informe Policial Homologado.
Jonathan “N” fue vinculado a proceso en octubre de 2026. El juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La obligación de responder ante la ley
Los expedientes de jueces y policías muestran que la responsabilidad pública no termina con un nombramiento, una placa o una investidura.
En el Poder Judicial existen mecanismos disciplinarios para revisar las actuaciones de sus integrantes. Las faltas administrativas pueden derivar en sanciones, mientras que los posibles delitos corresponden a las autoridades ministeriales.
En las corporaciones policiales, las investigaciones pueden alcanzar a agentes en activo y exintegrantes. Los señalamientos incluyen homicidio, abuso de autoridad, falsedad de informes y alteración de evidencias.
Sin embargo, cada caso debe resolverse mediante investigaciones y pruebas. También deben garantizarse el derecho de audiencia y las resoluciones de las autoridades competentes.
La obligación de impartir justicia y hacer cumplir la ley también implica responder ante ella cuando existen señalamientos sobre el ejercicio de esas funciones.
