En Voz Alta
Perla Reséndez
Taddei, las cuentas congeladas y el deslinde político
El escándalo de los contratos electorales ya dejó de ser un asunto de proveedores. Ahora alcanza nombres, relaciones políticas, instituciones y, sobre todo, pone a prueba la credibilidad de quienes durante años tuvieron en sus manos la organización de las elecciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores electorales: 25 personas físicas y 15 morales. La medida se tomó tras detectar operaciones financieras con indicadores de riesgo y derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Entre los nombres que aparecen está el de Guadalupe Taddei, la hoy ex presidenta del INE. Y aquí es donde el asunto adquiere otra dimensión política.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han puesto sobre la mesa una red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por más de dos mil millones de pesos en organismos electorales locales entre 2014 y 2023.
En la explicación federal también aparecieron relaciones institucionales y políticas alrededor de esas compañías. Se mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, a Guadalupe Acosta Naranjo y a antiguos funcionarios electorales como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, quienes actualmente tienen vínculos con el partido Somos.
El señalamiento presidencial apunta a esclarecer cómo se relacionaron empresarios, antiguos servidores públicos y actores políticos, así como el papel que pudieron tener las decisiones institucionales en la continuidad de esos proveedores.
Córdova encabezó el INE entre 2014 y 2023, periodo en el que el organismo adquirió facultades para designar a integrantes de los institutos electorales estatales. Baños fue consejero electoral y Jacobo ocupó la Secretaría Ejecutiva del instituto.
Son relaciones que deben investigarse y documentarse. La cercanía política o la coincidencia en una estructura partidista no demuestra, por sí sola, participación en irregularidades; pero tampoco debería ser motivo para cerrar preguntas sobre posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya salió a fijar postura. Respaldó la exigencia de Claudia Sheinbaum de investigar a fondo la presunta red de proveedores y pidió que la revisión alcance también a los organismos electorales estatales, incluido el Ietam.
Y aquí es donde el tema adquiere relevancia local.
El Consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, confirmó que el organismo recibió el 29 de octubre un requerimiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas para entregar información de 2025 relacionada con 11 empresas. El plazo vence el 10 de noviembre.
En el historial de contrataciones aparecen Cajas Graf, con una adjudicación por 14.5 millones de pesos en 2021 y otra por casi 17 millones en 2022; así como Gráficas Corona, que obtuvo un contrato por casi 29 millones de pesos ese mismo año, además de una adjudicación directa por 2.8 millones.
Ramos Charre negó que el INE haya instruido al Ietam para contratar a esas compañías y aseguró que las decisiones correspondieron al organismo estatal. También manifestó disposición a que las auditorías revisen ejercicios anteriores.
Que las cuentas públicas hayan sido aprobadas no debe convertirse en un blindaje frente a nuevas revisiones. Tampoco basta con publicar contratos: hay que explicar quién decidió, bajo qué criterios y si existieron condiciones que limitaron la competencia.
La autonomía electoral no significa opacidad. Y el deslinde político tampoco equivale a rendición de cuentas.
En vísperas de la elección de 2027, el Ietam tiene la oportunidad de demostrar que la transparencia no es solamente un discurso. Y el Gobierno estatal, de acreditar que su exigencia de investigar no tiene excepciones ni nombres intocables.
Porque la autonomía electoral no significa opacidad, y el deslinde político tampoco equivale a rendición de cuentas.
En Voz Alta: que se investigue a todos, que se conozcan los contratos y que, si hay responsables, no haya protección política que los salve.
perlamarialopez69@gmail.com
