En Voz Alta
Perla Reséndez
La renuncia de Taddei y los contratos que alcanzan a Tamaulipas
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no cierra el escándalo. Apenas abre una pregunta incómoda para las autoridades electorales del país: ¿quién garantiza que el dinero destinado a organizar elecciones se ejerza sin conflictos de interés y con absoluta transparencia?
La Consejera presidenta anunció su salida en medio de señalamientos por presuntos vínculos con proveedores, posibles conflictos de interés y operaciones bajo investigación. La Auditoría Superior de la Federación abrió una indagatoria sobre posibles irregularidades en contrataciones del organismo.
Taddei habló de trascendidos, filtraciones y versiones que, dijo, deben verificarse. También sostuvo que su renuncia no releva a nadie de esclarecer los hechos. Tiene razón en un punto: dimitir no equivale a una declaración de culpabilidad, pero tampoco puede convertirse en una salida que deje las preguntas sin respuesta.
Y en Tamaulipas, el asunto no es ajeno.
Expreso documentó que el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) otorgó tres contratos a Cajas Graf, S.A. de C.V., para adquirir material electoral entre octubre de 2021 y marzo de 2022. El monto conjunto fue de 34 millones 37 mil 860 pesos.
Uno se asignó mediante licitación pública por 14.5 millones de pesos; otro, por invitación a cuando menos tres proveedores, por 2.4 millones; y el tercero, también mediante licitación pública, por casi 17 millones.
La empresa figura entre las proveedoras mencionadas en las investigaciones sobre contrataciones electorales que involucran al INE y a organismos locales. La ASF revisa posibles irregularidades en este entramado de contratos.
Eso no significa que los acuerdos del Ietam hayan sido declarados ilegales ni que exista una responsabilidad acreditada del instituto tamaulipeco. Pero sí obliga a revisar cada expediente con lupa.
El Consejero presidente del Ietam, Juan José Guadalupe Ramos Charre, salió a defender los procedimientos. Aseguró que las compras están sujetas a la supervisión del Comité de Compras, el órgano interno de control y las instancias fiscalizadoras.
Explicó también que las adquisiciones a partir de 251 mil pesos requieren contrato, mientras que las operaciones por debajo de ese monto pueden tramitarse mediante órdenes de compra. En los arrendamientos, precisó, siempre debe existir un contrato.
La explicación administrativa puede ser correcta, pero no sustituye la obligación de transparentar. Cumplir una regla de contratación no elimina la necesidad de demostrar que hubo competencia efectiva, que los proveedores cumplieron y que cada peso se ejerció correctamente.
Y el calendario apremia.
El Ietam prepara las adquisiciones para las elecciones de 2027 mediante dos licitaciones nacionales: una para equipo informático y tecnológico y otra para materiales electorales. Entre los requisitos está acreditar experiencia con al menos cinco contratos celebrados durante los últimos cinco años con institutos electorales.
La pregunta es inevitable: ¿qué mecanismos adicionales garantizarán que los nuevos procedimientos estén libres de favoritismos y que las empresas participantes acrediten realmente su capacidad?
La salida de Taddei pone bajo presión la credibilidad del árbitro nacional justo cuando el proceso electoral ya está en marcha. En Tamaulipas, los contratos con Cajas Graf colocan el tema sobre la mesa antes de que comiencen las compras para los próximos comicios.
No se trata de condenar por anticipado a una empresa ni de convertir una investigación en sentencia. Se trata de exigir documentos, auditorías, explicaciones y resultados.
Porque la confianza electoral no se construye solamente con boletas, urnas y reglas. También depende de que las instituciones que organizan las elecciones rindan cuentas sobre cómo contratan, a quién compran y qué controles aplican.
La democracia exige elecciones limpias, pero también cuentas claras. Y ninguna renuncia debe sustituir las respuestas que todavía faltan.
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