Ciudad de México, marzo 2026. –El pleno del Senado de la República, aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución enviado por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo. La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz expresó su respaldo a esta reforma constitucional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo principal es establecer un límite a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, y así terminar con privilegios y garantizar un uso justo y responsable del presupuesto público.
Durante el análisis del dictamen, la legisladora destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de transformación del país, al fortalecer los principios de austeridad republicana, justicia social y responsabilidad financiera.
¿A qué se refieren con pensiones doradas?
“La pensión es un derecho que reconoce el esfuerzo de las y los trabajadores a lo largo de su vida laboral, pero no puede convertirse en un privilegio pagado con recursos públicos que pertenecen a todas y todos los mexicanos”, señaló la senadora tamaulipeca.
La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y entidades paraestatales no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal, con lo cual se busca ordenar el sistema pensionario financiado con recursos del Estado.
La senadora Sosa subrayó que el objetivo es corregir distorsiones históricas en algunos esquemas de pensiones que hoy generan cargas presupuestarias elevadas en instituciones públicas como Petróleos Mexicanos o la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Esta reforma fortalece el proyecto de transformación, “la cuarta transformación se ha caracterizado por los programas de bienestar, los derechos que hemos votado, logrado y conquistado, lo que queremos es seguir logrando que más mexicanas y mexicanos salgan de la pobreza y de que haya menos pensiones millonarias” enfatizó, en sintonía con esta reforma que busca garantizar pensiones dignas, pero sin privilegios, para que los recursos públicos puedan destinarse al bienestar del pueblo.
