Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- Adolescentes que hayan tenido algún conflicto con la ley, deberán tener garantizado su reintegración a la educación, que ayuden a fortalecer su desarrollo integral y prevenir la reincidencia.
Los diputados de las comisiones de estudios legislativos primera y de educación, dieron su aval a la iniciativa del diputado Francisco Adrián Cruz Martínez que adiciona el Artículo 44 Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.
El legislador de Morena señaló que se busca garantizar la reinserción escolar de adolescentes en conflicto con la ley, mediante la coordinación de la Secretaría de Educación, el Sistema Estatal DIF y las instituciones competentes en materia de justicia para adolescentes.
En la exposición de motivos se señala que la educación es un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión social, movilidad y prevención de la violencia, reconocido también en la Constitución federal.
Sin embargo, los adolescentes en conflicto con la ley requieren medidas específicas que garanticen su reinserción educativa y social.
Se señala que la adolescencia es una etapa crítica para el desarrollo de la identidad y la integración social y en el caso de adolescentes infractores, las rupturas con el sistema educativo formal son frecuentes, acentuando procesos de exclusión y vulnerabilidad.
Confinamiento de adolescentes dificulta reintegración social
La iniciativa señala evidencia científica de que el confinamiento de las personas adolescentes, cuando no se justifica por la comisión de una acción tipificada como delito grave, es perjudicial para ellas y ellos, lo que hace más difícil que se reintegren en la sociedad y aporten beneficios a sus comunidades.
Esto, “debido a que en la etapa de la adolescencia los procesos de cambio cerebral y características propias a su desarrollo hacen necesaria la interacción con el entorno, así como la socialización con su grupo de pares”.
El legislador de Morena señaló que criminalizar a las personas adolescentes que cometieron alguna acción tipificada como delito, no ayuda para que se responsabilicen por las consecuencias de sus conductas antisociales; por el contrario, les aísla de su entorno y dificulta la recuperación del tejido social que les rodea.
Señaló que las y los adolescentes que incurrieron en ilícitos, son también víctimas de sus circunstancias familiares y sociales, por lo que corresponde a los tres niveles de gobierno trabajar, en conjunto con la sociedad civil y otras instancias, en medidas preventivas para ellas y ellos en áreas como salud, educación y seguridad, para prevenir que cometan delitos, además de restituir sus derechos.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero deberá ser presentada ante el Pleno para que sea votada por las y los diputados presentes.
