Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- La recién aprobada Ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión de Tamaulipas, permitirá fortalecer el trabajo que se hace para evitar que se introduzcan celulares al interior de los penales.
40 inhibidores de señal en los penales de Tamaulipas
El Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Juan Antonio Sánchez Ruiz, explicó que se cuenta con 40 inhibidores de señal que se instalaron en los cinco centros penitenciarios.
Además, apuntó que la recién acción para el retiro de antenas en los penales de Altamira y Matamoros como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, ha fortalecido las acciones que se implementan en el estado.
“La antena físicamente no la quitaron, lo que quitaron fue la señal”, aclaró el funcionario, quien explicó que sin embargo, “ahora las colonias aledañas al centro de Altamira, se queja de qué no tienen señal, pero para nosotros nos beneficia ya que viene a contribuir a los inhibidores a hacer su trabajo”.
Explicó que si bien no tienen conocimiento sobre si esta acción se hará en Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, “pero si lo hicieran, sería estupendo, es una forma de complementar la inhibición de la señal celulares”.
Niegan haber encontrado celulares dentro de penales
Sánchez Ruiz aseguró que desde el 2023 que asumió en el cargo, no se han detectado celulares dentro de los penales, aclarado que en el caso de los 12 internos del penal de Reynosa y otro más detenido, acusados de extorsión, se trató de casos que datan del 2018.
Señaló que “la Fiscalía nos pidió cumplimentar órdenes de aprehensión a 13 PPL, los cuales les dimos las facilidades, separamos a los 13 de la población, los pusimos en un lugar seguro y la Fiscalía entró a cumplimentar las órdenes”.
De acuerdo con la información del caso, los sujetos realizaban llamadas de extorsión principalmente a adultos mayores y adolescentes del municipio de Matamoros, desde el interior del penal.
Para ello utilizaban alrededor de 80 líneas telefónicas y tenían más de 70 cuentas bancarias donde concentraban los depósitos exigidos a las víctimas, “estuvimos indagando un poco y son asuntos que traen desde el 2018, es una noticia que revivieron”.
Explicó que si bien hubo tres intentos de familiares de introducir celulares a los penales, estos se les retuvieron y devolvieron al concluir la visita, si embargo, ahora con la nueva legislación, esta acción podrá ser penada.
“Ahora con las nuevas disposiciones, pues se tendrá que actuar y se tendrá que poner a a cargo del ministerio público, para que es punible, pues tendrán que afrontar las penas que te marcan”.
¿Cómo se castigará a quien intente meter celulares a los penales?
De acuerdo con el artículo 23 de dicha Ley, a quien introduzca o intente introducir un celular o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes, mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, Internet u otro medio, al penal, se le impondrán penas de seis a 12 años de prisión y multa de 120 a 240 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de que la persona sea servidora pública o defensora, la pena aumentará hasta en una mitad, además, se impondrá destitución e inhabilitación en el servicio público hasta en un plazo igual a la pena de prisión impuesta.
A los reos que posean celulares, se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y multa de 2,000 a 5,000 veces el valor diario de la UMA, aumentada hasta en una tercera parte.
