Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- La reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada por el Congreso ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, activistas y expertos por presuntamente buscar instaurar un sistema de vigilancia masiva en el país.
El paquete legislativo contempla también la Ley General de Población, al establecer la CURP biométrica como elemento central de un sistema de identificación que integrará datos personales y biométricos.
CURP biométrica en el centro de la Ley de Desaparición
De acuerdo con algunos expertos, la reforma mantiene en el centro, la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), que integrará información de distintas instituciones mediante la asignación obligatoria de una nueva CURP con datos biométricos que será requisito para que cualquier persona realice trámites públicos o privados.
Ricardo Anaya señaló que con ello, el Gobierno Federal tendrá acceso a todos los datos de cualquier ciudadano, apuntando que el artículo 91 establece que cualquier ente público, desde Amazon a las líneas de autobuses, estará obligado a pedir la CURP para trámites y servicios.
“Todo lo que compres, donde te hospedes y a dónde vayas, quedará registrado en tu CURP, y claro, le dan acceso al Gobierno a esas bases de datos”, señaló el Senador del PAN.
De acuerdo con la Minuta, el documento establece que instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras autoridades podrán tener acceso inmediato y sin restricciones a datos biométricos, de identificación y registros forenses en poder de instituciones públicas y privadas.
La crítica de los opositores a la reforma, radica porque en ningún apartado se establece que estas consultas deban estar sujetas a autorización judicial previa o mecanismos de supervisión externa.
Se establece que la base de datos, también estará vinculada al Banco Nacional de Datos Forenses, así como a la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Alerta Nacional de Búsqueda, que deberá activarse de inmediato tras recibir una denuncia de desaparición
La Secretaría de Gobernación será la encargada de integrar los datos biométricos de las personas a la CURP, permitirá a la FGR, a las fiscalías locales, a la Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones locales, el acceso a la Plataforma Única de Identidad, mediante el Renapo (Registro Nacional de Población), para consultar información relativa a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
Una de las modificaciones aprobadas establece la obligatoriedad del estado mexicano para continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas y que en caso de encontrar a la víctima con vida, la investigación finalice hasta identificar a la persona. Esta reserva fue presentada por el senador Ricardo Anaya Cortés y del diputado federal José Elías Lixa Abimerhi, ambos de Acción Nacional.
Durante la discusión, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz de Morena detalló que las reformas no buscan lucrar con el dolor de las madres buscadoras ni convertir al Estado en espía.
Recalcó que el uso de los datos biométricos deberán ser utilizados de forma exclusiva para la localización de personas desaparecidas bajo protocolos bien establecidos.
Mientras que Imelda Sanmiguel Sánchez señaló que su bancada respalda la reforma en materia de desaparición, pero rechazó las modificaciones a la Ley de Población, donde, consideró que se vulnera la protección de los datos personales, rechazando que no se puede combatir una tragedia humanitaria sacrificando derechos fundamentales.
Más de 129 mil desaparecidos en México, más de 13 mil en Tamaulipas
Sin embargo, colectivos cuestionan la forma en que esta CURP biométrica pueda ayudar a resolver una crisis de desaparición que se vive en el país con más de 129,000 personas desaparecidas.
Pero también con más de 5,600 fosas clandestinas y 72,000 cuerpos sin identificar, lo que evidencia la crisis forense que existe en México, además de una impunidad del delito del 99 por ciento.
En Tamaulipas se tiene un registro de 13,511 personas desaparecidas cuyo último rastro o comunicación fue en alguno de los municipios de la entidad, 182 tan solo en este mismo año, principalmente en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Altamira y Tampico.
Colectivos han manifestado que entre los errores está el suponer que las personas desaparecidas van a estar utilizando su CURP biométrica y que no son víctimas de algún delito.
Segundo que el que muchas autoridades tengan acceso a dicha información no garantiza la localización de la persona, luego que en muchos casos, son precisamente los agentes del Estado, los responsables de las desapariciones.
Reformas no están a la altura de la crisis en el país
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha publicado que las reformas a la Ley en Materia de Desapariciones, no están a la altura de la magnitud de la crisis que enfrenta el país.
“No representan un avance sustantivo para la causa de las víctimas y es poco probable contar con otra oportunidad para que haya nuevas reformas en lo que resta del sexenio”.
Algunas preocupaciones que señala en esta reforma son los riesgos a la privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentará la Plataforma Única de Identidad y la falta de controles para su operación.
“Se elimina el reporte administrativo de desaparición. Centra esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias, en regiones controladas por la macrocriminalidad o por ser migrantes”.
Tampoco se incluyen medidas concretas para enfrentar el rezafo forensem pues no hay una referencia al Centro Nacional de Identificación Humana, cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan la falta de marco legal.
“Los cambios parten de una premisa equivocada: suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y se resolverá interconectando bases de datos, en lugar de impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una Política Nacional como recomendó el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
“Finalmente, la aprobación vía fast track dentro de un atribulado periodo extraordinario de sesiones, es un retroceso, pues se privó de la participación a las familias en el foro legislativo, como se hizo en la discusión de la Ley en 2017”.
“Lamentamos que las reformas aprobadas no estén a la altura necesaria para enfrentar la crisis de desapariciones y no den respuesta a las miles de familias que buscan a un ser querido. La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias continúa vigente”, señaló.
Sobre estas críticas, la Presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que las reformas aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar a la población, “el Gobierno no va a espiar a nadie (…) lo que queremos es construir un país seguro y en paz, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por constitución y por leyes”.
El pasado jueves, la titular, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con los Secretarios de Gobierno del país para atender la agenda nacional en materia de derechos humanos y las demandas de los colectivos de búsqueda que quedaron fuera de la legislación.
