VICTORIA.- La disputa por 10 hectáreas de un rancho familiar provocó este jueves una protesta frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación, donde una pareja exigió revisar la resolución del juicio que mantiene con Román Cano Cabrera por la propiedad del terreno.
Perla Olazarán Pérez y Lauro Esteban Olmeda Villarreal acudieron al inmueble ubicado sobre el bulevar Praxedis Balboa para denunciar lo que consideran irregularidades en el proceso judicial relacionado con el Rancho San Pedro de los Ruices, ubicado en las inmediaciones de Estación Santa Engracia.
Los manifestantes aseguraron que el predio pertenece a su familia desde hace cinco décadas y que lo recibieron como parte de una herencia. También afirmaron contar con escrituras y otros documentos para acreditar la propiedad.
Según Olazarán Pérez, el conflicto comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando Cano Cabrera intentó adquirirles el terreno.
Tras rechazar la propuesta, relató, el hombre inició un procedimiento legal para reclamar una parte del inmueble.
La mujer aseguró que el rancho tiene una superficie total de 23.40 hectáreas y cuestionó las diferencias entre las mediciones presentadas por las partes durante el litigio.
“Me quiere quitar mi rancho, un rancho con escrituras, que tengo 50 años”, expresó.
Cuestionan escritura presentada en el juicio
Durante la manifestación, Olmeda Villarreal exhibió un certificado que, de acuerdo con su explicación, fue emitido por la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad.
El documento, sostuvo, señala que la escritura presentada por la contraparte no tiene antecedentes registrales.
“Tenemos aquí el certificado donde la escritura de la persona de la contraparte no tiene antecedente, no tiene validez jurídica”, afirmó.
La pareja identificó el litigio con el amparo 125/2022 y sostuvo que, en una etapa previa, una resolución ordenó devolver el expediente al juzgado estatal para que se emitiera una nueva sentencia.
Sin embargo, los inconformes aseguraron que posteriormente se dictó una resolución que modificó el resultado en su perjuicio.
También cuestionaron que se haya ordenado entregar a Cano Cabrera el terreno localizado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Interejidal, pese a los documentos que aseguran haber presentado para defender sus derechos sobre la propiedad.
Los manifestantes responsabilizaron al magistrado federal Rubén Darío Silva de favorecer a la otra parte dentro del juicio.
Olazarán Pérez incluso lanzó una acusación directa contra el juzgador, aunque durante la protesta no presentó pruebas públicas que sustentaran ese señalamiento.
“Estoy completamente segura que el señor agarró dinero. Es un centavero y se lo puedo decir en su cara”, declaró.
Protesta termina con daños en el acceso
La movilización comenzó como una protesta que la pareja calificó de pacífica, pero terminó con un incidente en la entrada del edificio.
Uno de los inconformes pateó la puerta de acceso y quebró uno de los vidrios, mientras los manifestantes continuaban con sus reclamos.
Olmeda Villarreal sostuvo que la resolución que cuestionan carece de sustento jurídico.
“Estamos aquí para hacer pública la actuación que está teniendo, que está muy por fuera de lo que es la ley”, manifestó.
Después de la protesta, la pareja anunció que continuará su defensa por las vías legales y que viajará a la Ciudad de México para realizar un plantón y presentar su inconformidad ante otras instancias.
También advirtió que podría emprender nuevas acciones de protesta, entre ellas bloquear la circulación frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación.
“Ya apelamos a México y nosotros posiblemente esta semana vayamos a hacer un plantón allá a México, no me voy a quedar callada”, concluyó Olazarán Pérez.
