Por María López
VICTORIA, Tam.- Al mes de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas abrió 570 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, un incremento de poco más del 90 por ciento respecto al año anterior en que se realizaron 296 denuncias.
De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del 2017, las denuncias fueron apenas nueve.
Sin embargo, a partir de agosto las carpetas de investigación abiertas por la autoridad sumaron 66, otras 52 en septiembre, para octubre la cifra fue de 73, 54 en noviembre y en el último mes de ese año se sumaron otras 42 denuncias.
En este año las denuncias contra servidores públicos de diferentes niveles de gobierno, incluyendo policías, jueces y agentes del Ministerio Público; se incrementaron.
En el primer semestre se contabilizaron 317 denuncias, en tanto que en los últimos cuatro meses, se sumaron otras 253 carpetas de investigación abiertas por estos delitos.
De acuerdo con el Contralor Gubernamental, la cultura de la denuncia es importante para que las autoridades tomen cartas en el asunto y realicen las investigaciones pertinentes, “el ciudadano se acerca muy pocas veces a realizar una queja o denuncia por el temor a que no se le de seguimiento”, comentó Mario Soria Landero.
El Contralor Gubernamental estimó que la impunidad es la causa principal por la que existe corrupción, por lo que es necesario aplicar castigos ejemplares contra los funcionarios de cualquier nivel que corrompen la ley.
“Mientras no castiguemos, la gente va a sentirse con el derecho de hacer lo que quiere con los dineros públicos, propiedades y los bienes del gobierno que es de la ciudadanía”.
El Gobierno de Tamaulipas creó una Unidad de Inteligencia Financiera y Económica que ayuda en las investigaciones que se siguen por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante denuncias de delitos de corrupción por parte de servidores públicos.
El trabajo en esta unidad y derivado de carpetas de investigación por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, se aseguraron 35 cuentas bancarias y se otorgaron siete órdenes de aprehensión, además de recuperar tres bienes de 360 hectáreas que fueron vendidos y arrendados por ex funcionarios.
